Al Son del Texto

Tina Rodríguez

Nuevamente un grupo de encapuchados que para la mayoría son o profesores o normalistas, causaron destrozos en las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada, y desalojaron a los empleados mientras generaban vandalismo.
Su objetivo fueron los ventanales y puertas de vidrio, mientras gritaban consignas sobre derechos laborales y plaza automática, por lo que se desprende que posiblemente fue un grupo mixto, aunque no hay datos oficiales ni detenidos.
En tanto, la Asamblea de la sección 40 del SNTE, informó que fueron puestos en libertad los once docentes detenidos, durante el desalojo realizado hace unos días en La Torre Chiapas, en dónde no hay ninguna oficina relacionada con la educación, pero que es centro neurálgico administrativo con oficinas del estado, gobierno federal y Municipal.
Entre ellas la de Hacienda y Comunicación Social.
No va a ser fácil que los manifestantes de la CNTE y sus simpatizantes, en este caso normalistas, dejen de actuar de esa forma, porque entre sus corrientes hay grupos radicales que ven al gobierno como enemigo y a sus sedes, en especial la de educación, como su objetivo violento.
La pregunta es ¿Qué ganan?
Aun en el seno magisterial chiapaneco no lo acepten, la imagen que proyectan es de violencia, e incluso con la sociedad civil en el caso de un reclamo ciudadano directo a la manifestación, por lo que no es de extrañar que no encuentren eco a sus planteamientos por parte de la población.
La otra es que esa población sabe que protestan, pero no específicamente porqué. Es decir, se desconoce de fondo los porqués de su oposición a una reforma educativa que ya es una práctica, y que en algunas entidades aun encuentra rechazo, igual de violento, como sucedió en Michoacán, estado en el que un maestro fue herido de bala –según un video- en el cuello, durante un enfrentamiento con la policía.
Lo que se observa es que en Guerrero y Oaxaca no llegan a esas medidas extremas de destrozar oficinas o secuestrar unidades empresariales, oficiales o particulares, y prenderles fuego, hecho que amerita la acción policial, como en el caso de retener empleados en oficinas claves para la administración pública.
Los costos del desplazamiento de maestros durante sus manifestaciones y planteles bien pueden también canalizarse para informar a la ciudadanía porqué la reforma educativa está mal planteada, porque lo que sin mucho análisis solo se ha difundido entre la población –que no lee, que no ve o escuchas noticieros-, que afecta sus intereses laborales en caso de evaluación, y que, para el gobierno, es ya indispensable contar con un magisterio calificado.
Habrá que evaluar también a la SEP, si es que se habla de equilibrio.
Y ahí se atoraron, mientras siguen las suspensiones de labores, los actos vandálicos, los arrestos, las liberaciones, y no hay avance en la calidad educativa.