CIDH culpa al Estado mexicano por muerte de tzetzal: Frayba

Elio Henríquez/La Jornada l La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la ejecución” del indígena tzetzal Gilberto Jiménez Hernández, ocurrida el 20 de febrero de 1995 en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, a manos de militares, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Agregó que lo anterior está asentado en el informe anual 20161 de la CIDH, publicado el 27 de abril de 2017, en el que determinó “la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94”, relativo al caso.

En un comunicado dado a conocer en rueda de prensa por su director, Pedro Faro Navarro, el organismo señaló que el 20 de febrero de 1995, la población de La Grandeza “recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17 Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea Arcoiris en el Agrupamiento Yabur, compuesta por 65 agentes militares que portaban armamento del alto poder”, al tiempo que aviones del Ejército mexicano sobrevolaban la región”.

Añadió que la población, “conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianas/os se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas”.

Dijo que Jiménez Hernández, de 43 años de edad, “fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un rebozo en la espalda, el militar le disparó causándole la muerte”.

Sostuvo que “hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México”.

Presente en la rueda de prensa, Rubén Moreno, abogado del Frayba, dijo que ante la CIDH el caso está concluido y no tendrá más seguimiento.

Manifestó que el Estado Mexicano propuso algunas medidas para llegar a una solución amistosa, pero “no fueron serias y nunca nos llamó a una mesa de diálogo”, aparte de que la familia de Jiménez Hernández decidió no recibir ninguna reparación económica por el daño, sino que optó porque se hiciera público el informe de la CIDH.