Cuestionan organismos civiles reporte de PGR sobre Zerón

Ciudad de México l Las conclusiones de la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, por irregularidades graves cometidas en el caso Ayotzinapa, “es inaceptable” y constituye un “alarmante mensaje de impunidad que debilita el Estado de Derecho”.
En un posicionamiento conjunto, más de un centenar de organizaciones civiles y de derechos humanos cuestionaron duramente la resolución de la PGR, pues las múltiples irregularidades presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron omitidas en la investigación interna, convalidando así graves violaciones al debido proceso y con ello fomentando la ilegalidad.
Además, advirtieron que dicha resolución no sólo constituye un nuevo agravio a las familias de los 43 normalistas desaparecidos, que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica.
Incluso, consideran que estas deficiencias, y muchas otras más, deberán ser tomadas en cuenta en las discusiones sobre el diseño de la nueva Fiscalía General de la República.
“La decepcionante resolución de PGR por las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho desde la sociedad civil y la academia”, señalan las organizaciones civiles, quienes también destacan que los resultados de esta investigación interna se entregaron 10 meses después de las revelaciones hechas por el GIEI, en su último informe de abril de 2016.
Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento están Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; I(dh)eas Litigio Estratégico; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola); Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, y la Ted TDT, conformada por 80 organizaciones en 21 estados del país. (Fuente: La Jornada)