Feminicidios: 40 por ciento de víctimas ligadas a criminales

Ciudad de México l A veces participan como “mulas”, en ocasiones como narcomenudistas; las hay sicarias, cocineras y cuidadoras de los secuestrados, también operadoras financieras de los grupos delincuenciales y, además, novias, madres, hermanas y esposas de los narcotraficantes o dirigentes de los cárteles. Son mujeres mexicanas que, en el siglo XXI, suman 40 por ciento dentro de las actividades delictivas.
De ahí que las ejecuciones contra ellas resultan hechos incontrovertibles en la actualidad. Así, en días pasados fueron encontrados los cadáveres de cinco mujeres en Zacatecas, entidad en la que un mes antes fueron halladas otras cuatro. Se presume que algunas de ellas fueron ejecutadas por ser integrantes de bandas rivales. Sin embargo, otras no tenían participación alguna, por lo que los crímenes son considerados homicidios o feminicidios. Las investigaciones correspondientes determinarán la verdad.
De acuerdo con la publicación realizada por El Sol de Tampico en octubre pasado, “un estudio realizado al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cieneguillas femenil, revela que las causas para que las mujeres se involucren en actos criminales son; 50 por ciento por aspectos meramente económicos y el resto por relaciones sentimentales”.
Sobre el segundo 50 por ciento, en base a los datos arrojados por el estudio realizado recientemente, “corresponde a aspectos sentimentales, la mujer con tal de conservar al hombre que esta con ella hace lo que él le pide, aceptan a delinquir sólo por permanecer con él o bien algún integrante de la familia está inmerso en las redes criminales y arrastra a las mujeres de ese hogar, la madre, hermanas e hijas”.
La diputada Erika Rodríguez Hernández, del PRI durante el Foro Internacional Mujeres en Reclusión efectuado hace un año, señaló que en 2014 existían 250 mil personas presas, de las cuales el 5 por ciento eran mujeres, es decir, más de 12 mil. “De las mujeres en prisión, nueve mil 529 son por delitos del fuero común, cinco mil 19 se encuentran bajo proceso y cuatro mil 510 están sentenciadas, mientras que las restantes tres mil 161 pertenecen al fuero federal, mil 866 están bajo proceso y mil 295 cuentan con sentencia”, dijo.
La descripción del por qué, de la prisión fue que, usualmente son cómplices de delitos, principalmente bajo el engaño de sus parejas y/o acusadas injustamente por parentescos familiares, situación que se agudiza en caso de indígenas y adultas mayores debido a que son “triplemente marginadas y discriminadas”, enfrentándose a un sistema de justicia indolente e insensible, en condiciones de desigualdad por su condición étnica o de edad y con la ausencia de una representación jurídica para su defensa.

ALARMANTE EL INCREMENTO

En el Foro en la Cámara baja, con cifras más actuales Ana Pecova, directora ejecutiva de la organización civil “Equis Justicia para las Mujeres”, advirtió incremento alarmante de mujeres en la cárcel por delitos contra la salud de más de 100 por ciento, contra el 40 por ciento en el caso de los hombres.
Cada día, dijo, más mujeres se involucran en este tipo de delitos que son mayormente perseguidos y prevalece un sobreuso de prisión preventiva, como respuesta inmediata en lugar de que sea el último recurso.

A su juicio…

“Hay penas desproporcionadas, más de 50 por ciento de las acusadas por delitos contra la salud son procesadas por un delito del fuero federal, lo que conlleva sentencias de 10 o más años, sin posibilidad de que paguen de otro modo, sin considerar alternativas al encarcelamiento”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya lo había advertido en una recomendación emitida en 2013. Señalaba:
Al respecto, es pertinente señalar que el 25 de junio de 2013, este organismo nacional emitió el Informe Especial sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Mujeres Internas en Centros de Reclusión de la República Mexicana, derivado de las visitas de supervisión a 81 centros de reclusión, 70 de ellos con población mixta y 11 exclusivos para mujeres.
En ese pronunciamiento se demuestra que la situación de los centros de reclusión es propicia para la transgresión de los derechos fundamentales de estas personas, debido a una serie de irregularidades en materia de instalaciones, alimentación, atención médica, personal técnico y de seguridad; actividades laborales, educativas y deportivas; condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, falta de separación entre hombres y mujeres; maltrato; diferencias en las condiciones de vida en reclusión entre éstas y los varones, particularmente por la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios, así como de los satisfactores adecuados y necesarios para el sano desarrollo de sus hijos que permanecen con ellas.
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Por otra parte, fue mencionado que, al mes de febrero de 2014, existían 389 centros de reclusión, de los cuales 19 dependen del Gobierno federal, incluidas tres prisiones militares bajo la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, 282 son administrados por los gobiernos estatales, 11 por el Gobierno del Distrito Federal y 77 por las autoridades municipales. Cabe aclarar, que esta información corresponde al periodo en el que se realizaron las visitas de supervisión que dan origen al presente Informe Especial.
Asimismo, la población penitenciaria del país en el periodo citado ascendía a 249 mil 912 personas, y únicamente 12 mil 690, que corresponde al 5.08 por ciento, eran mujeres, de las cuales nueve mil 529 son del fuero común; de éstas, cinco mil 019 bajo proceso y cuatro mil 510 sentenciadas, mientras que las restantes (tres mil 161) pertenecen al fuero federal; mil 866 de ellas se encontraban bajo proceso y mil 295 estaban sentenciadas.
En el 2016 que concluye, en abril, se efectuó en la Cámara de Diputados en un encuentro sobre el tema. La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Corina Giacomello, dijo que el debate sobre política de drogas no sólo es sobre la regulación de la mariguana, sino cómo se inserta el tema de género.
Indicó que las mujeres representan el eslabón más débil de la cadena delictiva, las colocan en los puntos más visibles donde pueden ser detenidas fácilmente y, además, reciben penas muy altas, por lo que es importante incluir el elemento de género en la comisión de un delito.
Es crucial, añadió, limitar la prisión preventiva oficiosa para que no sea la respuesta más fácil e inmediata a los ilícitos por estupefacientes; hay penas desproporcionadas y fianzas impagables; por ello, planteó eliminar las penas mínimas e introducir factores atenuantes y medidas alternativas al encarcelamiento. (Fuente: El Sol de México)