Mujer Sonora
Silvia Núñez Esquer*
Un 25 de noviembre en alerta
Dos estados más han sido declarados en Alerta de Violencia de Género (AVG). Algunos municipios de Nuevo León y Chiapas son, según la Secretaría de Gobernación (Segob), dignos de tomarles especial atención con medidas que coadyuven a detener la violencia feminicida
Pero no es que sólo esos estados o municipios estén en esa situación. Ésa es la interpretación que hacen la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Segob, después de muchos intentos por proteger a los gobiernos de las entidades dándoles oportunidad tras oportunidad para que corrijan los errores en la atención a la violencia de género.
Para que no se escuche feo que están en AVG, para que cubran o subsanen las omisiones que permiten la prevalencia del feminicidio en sus territorios, los estados han tenido tiempo suficiente para tomar medidas que desafortunadamente no son de emergencia, por lo que el feminicidio continúa presente.
No obstante, el hecho de que se declare la Alerta es en sí mismo el reconocimiento de que la violencia feminicida ha cobrado la vida de más mujeres que las que han ocurrido en toda la historia de las guerras civiles.
En los casos de Nuevo León y Chiapas, es justo destacar que han sido las organizaciones de la sociedad civil, afiliadas al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) quienes han impulsado el mecanismo ofreciendo datos, propuestas, análisis y seguimiento al proceso.
Se puede pensar que es muy tarde para la declaratoria pues en Nuevo León se solicitó desde 2012, mientras que en Chiapas desde 2013.
Este 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres estará vestido de alerta. Las mujeres y organizaciones que saldrán a marchar en el contexto de este día inspirado en las hermanas Mirabal, lo harán también por una aplicación eficaz de la AVG tal como lo describe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento.
Son 5 años de insistir en Nuevo León, mientras que en Chiapas cuentan ya tres años desde que se inició la petición.
Se declara la AVG con un total de 449 mujeres asesinadas en Nuevo León, según la documentación de casos a cargo de Irma Alma Ochoa, de Arthemisas por la Equidad, A.C. promovente de la AVG en ese estado.
En tanto, Martha Figueroa Mier, del Colectivo de Mujeres en Chiapas (Colem) advierte que, si bien ellas solicitaron la Alerta para los 122 municipios, es posible que la Segob lo reduzca a sólo ocho de ellos, por lo que se preparan para impugnar.
Cuando la solicitaron habían documentado 156 casos de feminicidio entre 2012 y 2013. Sin embargo, la petición no se basa solo en la cantidad, sino en la violencia estructural que permite que esto siga sucediendo.
El carácter emergente de la AVG ha sido soslayado por las autoridades obligadas a brindar seguridad a todas las personas y particularmente a las mujeres, ante la vulnerabilidad que históricamente se ha construido en razón del género.
Por ello las organizaciones se preparan para dar la batalla por una adecuada implementación de la AVG, pues su espíritu de emergencia ha quedado olvidado, al tratarla como una oportunidad de revisión que se puede corregir a mediano y largo plazo.
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género se puede solicitar cuando “los delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame”.
Y eso es justo lo que ha pasado en cada una de las entidades en las que organizaciones decidieron solicitar la alerta.
El problema es que quienes tienen la facultad para emitir la AVG se han dado su tiempo, se han tomado la libertad de interpretar la ley y el reglamento de la misma, conduciendo hacia un estado de inacción.
El resultado es que si sumamos los meses o años que han tardado en dar respuesta, más los meses y hasta un año en que los gobiernos cumplan las recomendaciones cuando las hay; la condición de emergencia desaparece transformándose en un favor que el gobierno federal hace a las entidades, recomendándoles que corrijan su actuación.
La Alerta de Género es el único y el mejor mecanismo que se ha integrado a alguna ley en México para detener la violencia feminicida.
Desafortunadamente en nuestro país lo que no es obligatorio -y aun lo que sí- es la mejor oportunidad para incumplir, para tomarlo a la ligera.
Existe ya una verdadera inquietud entre la población en relación a por qué no se emiten de inmediato las alertas de género cuando las mujeres la solicitan. La mirada internacional está puesta en México, pues con más frecuencia es tema en diarios extranjeros.
La difusión y el trabajo de las organizaciones de mujeres como Arthemisas por la Equidad en Nuevo León, o el Colem en Chiapas, comprometidas en la lucha contra el feminicidio, ha dado como resultado que la Secretaría de Gobernación al fin emita un dictamen y considere necesaria la declaratoria de AVG.
Ojalá que los argumentos que “convencieron” a la Segob para declarar las dos AVG, no sean obsoletos y la situación real del feminicidio se haya agravado tanto, que las medidas de emergencia, si es que se contemplan, ya ni siquiera cubran lo que hoy se necesita.
La Alerta de Violencia de Género debe recuperar su espíritu de emergencia. No puede seguir sucediendo que pasen años para declarar que los gobiernos tomen medidas urgentes, temporales, para garantizar la seguridad, integridad y libertad de las mujeres. Queremos ver cerca el fin del feminicidio.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
