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EDITORIAL

¿Y luego?

No sorprendió la suspensión de los derechos partidistas de Javier Duarte de Ochoa por parte del PRI, porque éste gobernador de Veracruz ha estado en medio de todo tipo de escándalos que van desde desfalcos incluso a los dineros de los trabajadores, universidades, dinero federal y asesinatos que incluye el más alto índice de periodistas muertos en la nación.
Van 17 en total, solo en su gestión.
No puede ser popular, y desde luego, el PRI se lava las manos con éste señor impuesto por quien fue considerado un mafioso, y lo que si era sorpresa es que se hayan demorado los priistas y por qué solamente se le aplicó a él, pues igual están Roberto Borge de Quintana Roo y César Duarte de Chihuahua.
No sería Duarte el jarocho el único gobernador priista caído en éste régimen; antes lo fue un vecino mutuo de ese estado y de Chiapas, el Químico Andrés Granier Melo; luego de él cayó el michoacano Jesús Reyna García, quien gobernó como interino esa entidad antes de los desatinos y enfermedades de Fausto Vallejo Figueroa, quien como Ángel Aguirre Rivero el ex gobernador de Guerrero y mandatario cuando sucedió lo de Iguala y los normalistas de Ayotzinapa, que por todos lados le cuelgan al gobierno federal, no fueron llamados a cuentas aun las condiciones tremendas en que entregaron esas entidades del pacífico mexicano.
Esa impunidad con que algunos casos se tratan permiten que hasta alcaldes municipales sean indiferentes al riesgo de que se les llame a cuentas, y así ha sucedido cada trienio de cuentas inconclusas o disculpadas, como muchos ex alcaldes que dejaron deudas enormes en Chiapas, y algunos hasta fueron premiados por sus partidos con diputaciones federales, como el ex alcalde de Tapachula, Samuel Chacón.

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