Listos o no, llegan a México los juicios orales

Ciudad de México l Culpable o no, ser acusado de un crimen de orden penal en México implica enfrentar un proceso conducido por un juez que la mayor parte del tiempo está ausente, y se basa en gruesos expedientes. Y mientras el pleito se alarga, el indiciado se queda en la cárcel.
La implementación de los juicios orales en todo el país busca dar transparencia y apertura a los procesos al permitir a víctimas, indiciados y parte acusatoria exponer directamente al juez sus alegatos en audiencias públicas y, en algunos casos, llegar a arreglos para evitar el vía crucis.
Para instrumentar de lleno la reforma penal que a partir del 18 de junio entra en vigor en todo el país y para todos los delitos, el Congreso debe aprobar una legislación, poner en marcha el código procesal único y completar una serie de modificaciones físicas.
Pese a esta lista de tareas, “de ninguna manera” se está pensando en prorrogar la reforma, afirma María de los Ángeles Fromow, del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).
“Todos los estados ya tienen un plan día a día para completar el 100% de su implementación”, indica la encargada del gobierno federal para coordinar los esfuerzos de transformación al modelo de justicia mexicano.
Carlos de la Rosa, especialista del CIDAC, coincide en que este ciclo sólo sienta las bases antes de percibir los beneficios.
“No vamos a ver el 18 de junio un sistema acusatorio que cumpla todas las expectativas que se plantearon en la reforma de 2008”, comenta.
Los pendientes incluyen la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, que normará las medidas de prisión preventiva y el cumplimiento de condenas. El Senado debe votarla en el periodo de sesiones que inició el 1 de febrero.
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) ha entrado en vigor paulatinamente en el fuero común, y para delitos federales entró en operaciones este 29 de febrero en nueve estados, con lo que ya suman 24, resaltó ayer lunes la procuradora General de la República, Arely Gómez.
El 29 de abril, el Código comenzará a funcionar en cuatro estados más, y el 14 de junio, en los últimos cuatro, además de los territorios administrados por la Federación (como las islas Marías). El CNPP pretende homologar las reglas en el sistema de administración de justicia, de cara a la entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio.
En la construcción de infraestructura para albergar los juicios orales, la Setec tiene ubicados ‘focos rojos’ en Sonora y ‘amarillos’ en la mitad de los estados, donde se contempla adaptar temporalmente instalaciones o arrendar sedes.
Para cubrir los gastos derivados de estas adaptaciones y adquisiciones, se ha destinado a las entidades un “presupuesto histórico” de 12,000 millones de pesos, destacó este lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El funcionario enfatizó que el reto es que este nuevo modelo de justicia pase de la norma y los juzgados a la vida cotidiana.
“Que ante la comisión de un delito, los juicios penales sean más objetivos, garanticen el debido proceso y brinden certeza jurídica en todo momento y en cada lugar, que se proteja al inocente y se castigue a los culpables. Se trata, en suma, de que obtener justicia no sea privilegio de algunos, sino el derecho de todos”, dijo en la ceremonia de entrada en vigor del CNPP.

Otro pendiente es el de los recursos humanos. Este año inició la capacitación a los 353,000 policías municipales y estatales en todo el país.